Los reflectores se enfocaron en este pueblo mágico desde antes de la captura del presunto, cuando era Presidente Municipal, por todos los escándalos, de diferente índole, cuyo centro era su persona y sus determinaciones. Ahora libra su guerra desde otro frente.
Conforme pasan los días, la atención en este caso ha ido disminuyendo, y la ciudadanía ya no vuelve a pensar eso, a no ser que se anuncie algún otro mandato judicial o haya sido detenido algún personaje relacionado, como si la inercia de los días borrara por sí sola todo lo que refieren los habitantes que estaba sucediendo, y que todavía huelen al pasado reciente.
Sería inocente decir que “muerto y acabado el tequila, se acabó la borrachera”. No. En este municipio de Jalisco solo se hizo más evidente la corrupción, la intervención en el gobierno de un grupo de la delincuencia organizada y las complicidades que se manejaban al interior.
Quizás se hizo más notorio por los extremos a los que se llegó (extorsiones de millones de pesos, abusos inimaginables de las autoridades, policías, funcionarios, halcones, etc.), y se tomaron cartas en el asunto por lo que representa esta localidad, o por la intervención poderosa de los que estaban siendo afectados en sus intereses económicos y de desarrollo (válidos y justos), o porque se llegó a un arreglo de entregar a la justicia (?) a los que eran más visibles en esta madeja tan enredada de graves delitos.
Pero los rumores son claros, no es el único municipio de Jalisco en una situación semejante.
En la última década, 20 localidades han sido intervenidas por diversas irregularidades. No son tan importantes como Tequila, o tan descarados.
Mientras no haya denuncias penales, todo quedará en dichos, desgraciadamente, pero los que padecen este tipo de acciones, producto de la unión, forzada o voluntaria, de autoridades con grupos criminales, lo manifiestan. En todas las personas afectadas hay un común denominador: el miedo. Prefieren sobrevivir a los chantajes, extorsiones y cobros de piso como se pueda.
No siempre actúan de manera voluntaria. Suponemos que algunos titulares de gobierno (presidentes municipales, policías, regidores, etc.) no tienen otra opción: o se alían a las indicaciones de los capos o arriesgan no solo su mandato, sino sus vidas y las de sus familias. Pero hay otros que prueban las mieles de los beneficios que les ocasiona este tipo de vínculos, que se mantienen, y hasta se aferran a él. Por lo menos, desde 2018, 21 alcaldes en México han sido detenidos, de todos los partidos. Como sea, los ciudadanos comunes siempre salimos perdiendo.
No estamos descubriendo el hilo negro ni el agua tibia, pero incluso decirlo en voz alta puede resultar arriesgado.
Parece que la batalla contra el mandato de facto de los cárteles está perdida. Más bien habría que ajustarnos a sus lineamientos para salir lo menos peor librados. Como escribió alguien: “Es ya una especie de Estado paralelo, ilegal, que saquea y oprime a los ciudadanos, incrustado en el gobierno que debería combatirlo”.
Ya no se trata solo de drogas, su poder se ha expandido a casi todos los rubros, como un pulpo de incontables brazos y alcance, que ha suplido al Estado y extorsiona a la sociedad.
