PBRO. JOSÉ MARCOS CASTELLÓN PÉREZ
El acento o tilde es un signo ortográfico que se coloca sobre una vocal con la finalidad de dar mayor intensidad en la entonación de una sílaba y, por ende, de una palabra; pero también se utiliza, de forma coloquial, para dar o indicar un mayor énfasis en una idea, subrayar mayor importancia o interés. Cuando una persona que ostenta el poder pone el acento en algo, se trata de revelar qué es lo que se quiere y por donde hay que darle.
En la conferencia mañanera del 4 de marzo, la jefa del Poder Ejecutivo Nacional puso mal el acento, en ambos sentidos antes referidos. En la presentación de Powerpoint en vez de escribir correctamente “decálogo” se lo escribieron, los miembros de su equipo de comunicación, con el acento en la primera sílaba: “décalogo”. Cometiendo, así, un error ortográfico quien ostenta el mayor cargo público de la nación. Pudiera pasar como un simple error de dedo de quien de forma irresponsable no corrigió a tiempo el desliz gramatical; sin embargo, es algo mucho más grave porque ese decálogo justificaba un acento pernicioso sobre la democracia en México.
Aparentemente las buenas intenciones de quien llegó a la Presidencia de la República por mayoría de votos y cuyo partido y aliados tienen cooptada las cámaras de los representantes tanto de los Estados de la Unión (Senadores) como representantes del pueblo (Diputados), era reducir el gasto tan oneroso de la democracia mexicana y hacer que los ciudadanos con su voto coloquen a quienes ocupen un curul; es decir, que no sean las cúpulas partidistas quienes designen desde el centro del país quienes ocupen los lugares de los plurinominales.
Es cierto que es onerosa la democracia, pero en este momento se debe tener mayor cuidado porque es mejor, aunque no lo óptimo, que el recurso de los partidos esté costeado por el Estado y no por el crimen organizado o, un poco menos mal, de particulares, que después cobren con intereses a quienes llegaron al poder gracias a la generosa donación de los intereses criminales, sea de los de cuello blanco o de los que sí se reconocen como crimen organizado. Por otra parte, no ataja de fondo precisamente el financiamiento criminal de las campañas, poniendo candados y castigos ejemplares a los políticos o partidos que se dejen comprar por el dinero mal habido.
También es cierto que se debe quitar el poder de nominar a diputados y senadores plurinominales a las mafias de los partidos políticos que los encabezan, pero en realidad la propuesta no va al fondo, pues serían las mismas cúpulas corruptas quienes pongan a su gusto, incluso con el teatrito de las encuestas, a los candidatos que compitan en las votaciones… o sea que es lo mismo, sólo con el acento puesto en que Morena estaría como mejor segundo lugar en los distritos en los que no se lleve el primero, con lo que se engrosaría majaderamente el grupo parlamentario del actual partido en el poder.
