SALVADOR Y MALDONADO DÍAZ
La enérgica protesta de los productores de maíz con bloqueos carreteros en 20 Estados de la República, puso al desnudo varios problemas estructurales del campo mexicano, sobre todo en la producción de granos.
De entrada, se exhibió la falta de políticas públicas eficientes para estimular la producción de alimentos básicos y de una comercialización que traiga rentabilidad, tanto a los productores como a otros actores involucrados en sus cadenas productivas.
El legítimo descontento de los productores de maíz ocurre en un contexto en que el país importa la mitad del grano que se consume. En este tema, el Gobierno Federal ha señalado que en el maíz blanco hay autosuficiencia, lo que amerita revisarse a fondo, si se considera que en meses recientes se dejó de disponer de un volumen importante del cereal por la caída de la producción de Sinaloa por la sequía de 2024.
PRECIOS DE GARANTÍA
En el caso del maíz en concreto, se puso de manifiesto que el desmantelamiento de un andamiaje que se disponía para incidir en su producción y comercialización, no se compensó con otras acciones.
La opción que se tomó desde 2019 de establecer “precios de garantía” para los productores de maíz en forma selectiva y bajo condiciones limitadas, sólo ha generado una situación que desestimula a la agricultura comercial, sobre todo cuando hay contextos de precios castigados del cereal en el mercado internacional y cuando hay situaciones climáticas adversas.
El escenario es complejo, independientemente de lo que el Gobierno Federal atienda las demandas de los productores que se han manifestado de asegurar un ingreso de 7 mil 200 pesos por tonelada.
Sobre el mencionado esquema de “precios de garantía”, el consultor José Enrique Acevedo Vargas, señaló que “ya se había avanzado en que productores fueran menos dependientes de la política agrícola oficial; y de que a través de la organización pudieran vincularse al mercado directamente y con algunos apoyos comprar sus coberturas de precios.
Ahí la llevaban, claro se requería complementar con servicios de crédito, con apoyos de extensionismo para la innovación, infraestructura, tecnificación de riego”, puntos que también se descuidaron el pasado sexenio.
Este especialista también ha resalto que deben alentarse los esquemas de la agricultura por contrato entre productores de Jalisco e industriales, como el caso del maíz Waxy (un grano amarillo con gran de contenido de aceite vegetal); y las prácticas agrícolas sustentables.
Recientemente en un foro agroalimentario, el extitular federal de Agricultura, Francisco Mayorga Casteñeda, expuso que ante la situación actual que apremia la rentabilidad del maíz hay que rescatar “los mecanismos de financiamiento y almacenamiento, que permitan a los agricultores no malbaratar sus cosechas y propuso que la banca de desarrollo apoye también a los compradores para agilizar los pagos y aumentar su capacidad de adquisición”
Este exfuncionario federal recordó el esquema de un fideicomiso en la década del año 2000 que integró un tiempo a productores jaliscienses de maíz y que llegó a generar beneficios en precios atractivos al productor. Tal fideicomido (de siglas Farajal) desapareció por confrontación entre sus agremiados.
Por cierto, la crisis actual del maíz coincide con la de otros productos que por situaciones de sobreproducción no tienen rentabilidad que esperaban los productores, como los casos del agave tequilero, el limón y la cebolla, lo que exhibe también fallas en las políticas agrícolas, sobre todo en alimentos de gran demanda.
