Cuando los presidentes Carlos Salinas (México), George Bush (Estados Unidos) y Brian Mulroney (Canadá) diseñaron, firmaron y pusieron en marcha el Tratado de Libre Comercio (TLC) para los tres países, la actividad económica mundial funcionaba de una forma muy distinta a la de ahora. Tan sólo en el sector tecnológico, aún no habían irrumpido los teléfonos celulares con la fuerza que tienen hoy y que, por cierto, han desplazado al periodismo escrito y compiten de tú a tú con el comercio físico.

El TLC original desplazó hacia nuestro país un número importante de industrias norteamericanas que estaban establecidas en China. México tiene la ventaja de ser vecino inmediato de los Estados Unidos y hay una puerta de gran tamaño entre los dos países: la frontera de más de tres mil kilómetros que conecta a cuatro Estados mexicanos (Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas) y a cuatro de Estados Unidos (California, Arizona, Nuevo México y Texas). Decía el expresidente de Coparmex, Emilio Goicoechea, que el resto de países quisiera tener tan sólo una puerta de cinco metros de ancha con Estados Unidos para que entraran y salieran sus camiones cargados de productos de exportación.

El TLC fue renegociado durante el primer mandato del presidente Donald Trump y se logró para México otro buen acuerdo, el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), en el que ya se incluye la nueva situación provocada por la revolución digital. Sin embargo, hoy, a más de treinta años de la firma del tratado original, Estados Unidos pone nuevamente signos de interrogación sobre su vigencia.

El T-MEC debe revisarse en 2026, pero tal parece que Estados Unidos tiene prisa y esto podría ocurrir más temprano.

El gobierno mexicano está verdaderamente preocupado por lo que pueda ocurrir. El TLC original transformó la economía de nuestro país; dejó de depender del petróleo y comenzó a desarrollar una importante infraestructura industrial. La fabricación de automóviles ha sido probablemente la actividad estrella del cambio y esta depende de capitales extranjeros.

Actualmente, la mayor rama industrial mexicana es la automotriz, que representa un 4% del Producto Interno Bruto y el 20% de la economía manufacturera. General Motors, Nissan, Ford y Stellantis son los principales fabricantes que podrían ser afectados con las elevadas tasas que impondría Estados Unidos.

Es cierto que las plantas automotrices no cerrarían sus puertas para irse a Estados Unidos. Conseguir terreno, construir y equipar plantas industriales, contratar personal para ese trabajo tan especializado y planear la operación no es tan fácil. El periodo presidencial de Trump dura solamente cuatro años. No obstante, los daños que afronta esa rama industrial en México está a la vista.

Han pasado más de tres décadas y las economías de México, Estados Unidos y Canadá no son las mismas del siglo pasado. El TLC y su sucesor el T-MEC posicionaron a nuestro país como un gran exportador hacia el mayor mercado del mundo, pero al mismo tiempo otras economías de América, Europa y Asia han retrocedido o por lo menos permanecen estancadas y están urgidas de cambios, entre ellos acceder en las mismas condiciones que México al mercado de América del Norte.

La República Mexicana era un referente mundial en turismo y puede serlo de nuevo. Este sector se ha venido modernizando, han aumentado los atractivos y es una actividad que impacta de manera general: a la construcción, el transporte, el comercio y los servicios, desde los más sofisticados hasta los más modestos.

Y como el turismo, hay otros sectores que pueden reducir el impacto negativo del nuevo orden económico internacional que se gesta no solamente desde Estados Unidos. Todo el mundo afronta actualmente severos retos económicos. Nuestro gobierno y nuestros empresarios tienen la palabra.