ROSARIO BAREÑO DOMÍNGUEZ
La impunidad en los casos de violencia contra la mujer por razón de género en Jalisco sigue siendo una herida abierta que desmiente los discursos oficiales. Mientras las cifras de agresiones, desapariciones y feminicidios han colocado a Jalisco en el centro del debate nacional, la respuesta institucional oscila entre la retórica de compromiso y la ineficacia estructural.
En la práctica, la impunidad persiste. Las carpetas de investigación se integran con deficiencias; las órdenes de protección se retrasan; las medidas cautelares no siempre se supervisan; y los procesos judiciales se alargan hasta desgastar emocional y económicamente a las víctimas. La violencia institucional —expresada en la revictimización, el descrédito del testimonio de las mujeres o la minimización de los riesgos— se convierte en un segundo agravio.
Se habla de paridad y se tolera la violencia política de género; se presume un marco legal robusto y se carece de presupuesto para su implementación; se condena el feminicidio en tribuna, pero se cuestiona la vida privada de las víctimas en los expedientes.
Esta contradicción no es solo moral, sino estructural.
La era digital y de las redes sociales, ha ayudado mucho en visibilizar los casos de la violencia en razón de género, sin embargo, también se han topado con el tráfico de influencias y corrupción, donde el dinero es el que lleva la delantera para obstaculizar qué se aplique la justicia.
Ejemplos son muchos, donde el peregrinar de una madre buscadora, una mujer, una joven, adolescente o niña que son víctimas de violencia vicaria, sexual, física, económica, laboral, institucional, política y otras y no logran justicia.
La violencia contra las mujeres no se combate únicamente con reformas legales o campañas mediáticas, sino con transformaciones profundas en la procuración y administración de justicia, en la capacitación obligatoria y evaluable de ministerios públicos y jueces, y en la asignación real de recursos para refugios, asesoría jurídica y acompañamiento psicológico.
Colectivos feministas y organizaciones civiles reclaman investigaciones con perspectiva de género, sanciones efectivas para agresores y responsabilidad administrativa para funcionarios omisos.
El problema no radica únicamente en la existencia de leyes insuficientes, sino en la brecha entre el discurso y la acción. Mientras el poder Ejecutivo anuncia compromisos, el Legislativo reforma códigos, y el Judicial promete sensibilidad, muchas mujeres siguen enfrentando un sistema que las obliga a probar reiteradamente su condición de víctimas.
Se habla de igualdad, pero continúan las inercias que subordinan; se invoca la justicia, pero se tolera la impunidad.
Superar esta realidad exige coherencia institucional. No basta con “rasgarse las vestiduras” ante cada caso mediático. Se requiere voluntad política sostenida, evaluación pública de resultados y una ruptura real con los pactos de protección que históricamente han blindado a agresores con conexiones políticas o económicas.
