PBRO. JOSÉ MARCOS CASTELLÓN PÉREZ
Además del recurso a triquiñuelas, como arrebatar una mayoría en las cámaras, la compra de algunos senadores y la vergonzosa traición ideológica del senador Yunes, la reforma judicial se aprobó justificándola como “un mandato popular”.
Decían aquellos sofistas, como Noroña con esa retórica victimizante que le caracteriza, que la gente votó por Morena porque exigía, plenamente consciente, esta reforma constitucional. Reforma que puede dar al traste la esencia de la democracia, que no necesariamente es el voto popular sino el equilibrio de los poderes.
Aclaremos el punto. La reforma judicial es más que necesaria y urgente porque, como los otros poderes de la Unión, está plagada de corrupción y, paradójicamente, injusticias. Ello no está en debate. Lo que se analiza desde una sana crítica es el cómo se aprobó esta precisa reforma y el peligro que entraña, pues en vez de Suprema Corte, será una sumisa y mansa corte al servicio de los intereses del partido de Estado que nos gobierna. ¿Por qué no se pensó en una reforma en donde organismos de la sociedad civil especializados en la materia, como universidades, colegios independientes de abogados, etc. pudieran presentar candidatos con una excelente preparación y capacidad y que fueran elegidos también por quienes conocen la materia?
En cuanto al primer argumento de esta retórica populista, que tendríamos qué desmontar es que la gente que votó por Morena lo hizo por varias razones y no necesariamente porque conocieran y calificaran como buena dicha reforma. Muchos de ellos, quizá la mayoría, lo hizo por las ayudas
que le da el Estado, identificándolo como un beneficio del expresidente o de su partido con un desconocimiento craso sobre el sistema judicial. Además, nuestra tradición electoral tiene un vicio de origen: el voto corporativo, es decir, aquel promovido por líderes sindicales y de organismos políticos, que garantizan los votos de sus miembros, a los que hacen ir a las urnas con consignas muy claras y la mayoría de veces bajo amenazas. Si fuera el mandato popular esta reforma judicial, ¿por qué la CNTE, cuyo voto corporativo fue por Morena, amenazó con boicotear las elecciones de jueces si el gobierno no atendía sus demandas?
Por otra parte, un mandato popular generaría entusiasmo en las campañas de jueces, ministros y magistrados, así como la asistencia masiva, al menos el mismo número de personas que votaron por lo que el populismo gubernamental justifica como este mandato. Pero no, solo aproximadamente el 13% de los votantes asistió a las urnas y las campañas prácticamente pasaron desapercibidas, sea por las reglas que impusieron o, y eso creo yo, por el desinterés del verdadero pueblo que desconoce para qué sirven esos cargos. Habría qué contar el 20% de ese segmento de electores que sí asistieron el domingo pasado, que anularon su voto para manifestar su descontento.
Puedo decir, sin temor a equivocarme, que de la expresión “mandato popular” es medio verdad y medio mentira. Fue mandato, pero no del pueblo, sino de un gobierno populista y autoritario.
