ADRIÁ N AGUILERA A.
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, volvió a notificar al Congreso de Jalisco para que modifiquen la Ley Estatal del Registro Civil, a favor de las infancias trans, esto con la finalidad de que los menores de edad, puedan cambiar de género y nombre en su acta de nacimiento cuando así lo quieran, justificando que están atendiendo el interés superior de la niñez.
Los que promueven dicha reforma, consideran el derecho a que se reconozca la autopercepción en materia de género como vinculante para las instancias de gobierno, particularmente para el Registro Civil. En este momento la iniciativa está a la espera de ser presentada en el pleno para su discusión y votación, cosa que podría acontecer en cualquier momento.
Este tipo de iniciativas, de gran trascendencia e impacto en nuestra sociedad, deben analizarse bajo dos cuestiones básicas: la primera tiene que ver con el fondo, y la segunda, con la forma de la propuesta.
¿PUEDEN DECIDIR?
En cuanto al contenido que los niños y adolescentes puedan definir su identidad en documentos oficiales, primero se debe realizar una modificación al reglamento del Registro Civil. Ahora, lo que se pretende es convertirla no solo en un procedimiento, sino otorgarle el carácter de ley.
Hay que considerar en este punto, por lo menos, cuatro aspectos preocupantes: ¿pueden los niños asumir las implicaciones y consecuencias de una decisión tan trascendente?, ¿pueden hacerlo sin el permiso y la supervisión de quienes por ley natural están obligados a cuidarlos y buscar lo mejor para ello, es decir, de sus padres?, ¿la autopercepción en materia de género es motivo sufciente y vinculante para las instituciones de gobierno?, ¿qué podemos esperar?
Es decir, ¿qué seguirá si se abre esta puerta?, ¿se obligará a otras instancias gubernamentales, a las que prestan servicios de salud, por ejemplo, a ponerse al servicio del cambio de identidad?
Una legislación que pretenda prestar un servicio al bien superior de los menores debe de tener en cuenta que solo progresivamente un menor va aprendiendo a hacer un uso responsable de su propia libertad, lo cual supone la toma de conciencia de las consecuencias de las elecciones y decisiones.
No se puede pretender, sobre todo a cierta edad, que el niño asuma la carga de tomar decisiones, en cierto sentido irreversibles, sin la supervisión de quienes por ley natural están llamados a custodiarle y brindarle todos los elementos necesarios para su sano desarrollo. Razón por la cual, si se quiere legislar en materia que afecta a los niños, se deben precisar con mucho cuidado las prerrogativas propias de cada edad, atendiendo a los resultados seguros de la psicología evolutiva y de las demás ciencias del desarrollo, y en función de los datos que nos ofrecen los especialistas, establecer protocolos para acompañar a los Padres y a las familias en cualquier proceso que tenga que ver con el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, se incurre en un grave equívoco al identificar la así llamada, “conciencia de género” con la conciencia de sí mismo, pues aquella no es sino un elemento, y no el único ni el más importante, en relación con la percepción progresiva de la propia identidad. La conciencia de sí mismo es un proceso de toda la vida, que no termina nunca, y en el que intervienen muchos factores.
Simplificar los elementos que influyen en este proceso y pensar que a una edad determinada ya está del todo concluido, termina reduciendo a la persona a una mera caricatura. Pensar que la propia realidad biológica puede ser ignorada sin que haya consecuencias no es ciencia, sino mera ficción: una hipótesis peligrosa que tarde o temprano termina por dejar a las personas en el vacío.
RESPONSABILIDAD EMOCIONAL
Hay que estar atentos y enseñar a nuestros niños, desde la más tierna infancia, a gestionar adecuadamente sus emociones y deseos. Para ello, es imprescindible un ambiente que les ofrezca seguridad. Responsabilidad no pequeña
en la formación de esta comunidad de apoyo emocional, social y moral, la tienen los padres, a los que el Estado
debe respetar y para los cuales ha de poner a disposición los medios necesarios, a fin de que estén capacitados para acompañar y atender a sus hijos pequeños, sobre todo, si se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad
Pensamos, no sin fundamento que, si se abre esta puerta, muy pronto se buscará dar un siguiente paso. Efectivamente, no se habla todavía de poner a disposición de los niños los supresores de pubertad ni las así llamadas cirugías de reasignación de sexo; pero si se comienza por reconocer el derecho de cada uno a que la propia autopercepción genere obligaciones no negociables para el Estado, es lógico esperar que luego este tenga que responder a las exigencias de quienes, no contentos con su apariencia, reclamen que las instituciones de salud les ofrezcan los medios para cambiarla. El panorama mundial
nos muestra que los pasos van siempre en esa dirección.
El legislador que ha presentado la propuesta ha decidido no incluir en ella un tema todavía más polémico, en el que la opinión de los especialistas es un “no”, rotundo. Debido a las consecuencias de dichos procedimientos, no son pocas las asociaciones médicas a lo largo y ancho del mundo que han expresado un contundente rechazo a dicha alternativa.
¿Al acceder en una materia en que la opinión de los especialistas es contundente, y la del público en general se divide de manera tan dramática, no estamos tratando a los niños y niñas como si fueran un material para hacer experimentos que pueden resultar peligrosos?, ¿en un asunto tan delicado no estaremos obligados, por lo menos, a adoptar una actitud responsable y paciente, sin obviar los procesos, ni saltarnos ni uno solo de los pasos que recomienda la prudencia más elemental?
INFANCIAS TRANS
Proceso irregular
ADRIÁN AGUILERA A.
En cuanto a los vicios que han tenido lugar en el proceso en torno a la discusión de esta iniciativa, se puede hablar de dos: se habían propuesto una serie de foros en los que intervinieran especialistas para que, con argumentos sólidos y bien fundamentados, se arrojase luz sobre las distintas implicaciones y consecuencias que trae consigo un asunto tan complejo, y en el que hay que tener en cuenta varias aristas. De buenas a primeras, dichos foros fueron cancelados.
La otra cuestión procedimental que resulta no solo llamativa, sino incluso ofensiva, es la arbitraria y unilateral determinación de pasar la discusión de la Comisión de puntos constitucionales a la Comisión de Igualdad Sustantiva. Esta decisión no solo va en contra de las disposiciones legales vigentes, sino que además cierra toda posibilidad ulterior de diálogo. Es, por poner un ejemplo, como si una polémica relacionada con un partido Chivas – América, en lugar de ser revisada por una comisión imparcial de arbitraje, quedase más vienen manos de una comisión de americanistas. La votación ulterior será un mero simulacro.
¿Dónde el derecho de los padres y Las familias?, ¿dónde el derecho a recibir una información completa y adecuada acerca de las implicaciones de elecciones en materia tan compleja?, ¿dónde el derecho de los ciudadanos a que sus representantes presten atención a sus justos reclamos?, ¿dónde el derecho, consagrado como cimiento de una sociedad democrática, a que todas las voces sean escuchadas y representadas en la toma de decisiones?
No es poco lo que está en juego en este asunto: es la vida de muchas personas, es la educación de los niños y su futuro, es la actitud y solicitud que como adultos hemos de adoptar ante personas que están sufriendo. Como ciudadanos hemos de exigir nuestro derecho a ser escuchados y ejercer nuestra obligación de levantar la voz por los más indefensos y vulnerables, conscientes de que algún día hemos de dar cuentas a Dios de lo que hicimos o dejamos de hacer por cualquiera de estos más pequeños e indefensos.
En torno a este tema de las infancias trans, el pasado 21 de febrero, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, hizo una declaración a título personal en la que expresó su desacuerdo para legislar la Ley. “No estoy de acuerdo en que, a las niñas y a los niños, como no debemos de darles la facultad a las niñas y niños de consumir alcohol o de consumir tabaco, de darles una
decisión en torno a su género cuando no tienen la madurez suficiente para tomar esa decisión (…) nuestras diputadas y diputados deben de rechazar esta iniciativa”.
Insistió que es una decisión que los jóvenes podrán tomar una vez que cuenten con su mayoría de edad, no teniendo seis o siete años. “Estoy de verdad totalmente en contra de darles la facultad a nuestras niñas y niños de elegir su género, cuando no tienen la madurez suficiente para hacerlo, por eso me opongo a que las niñas y niños consuman alcohol o consumen tabaco, no están en edad de hacerlo, hay que cuidar a la niñez”
Pablo Lemus destacó que en Jalisco se deben cuidar las infancias y hasta que tengan su mayoría de edad, podrán tomar sus propias decisiones. “Lo que haga la Corte será otra cosa, pero aquí en Jalisco somos un estado autónomo y nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. En Jalisco se debe de proteger a la niñez (…) es mi posición muy personal, no se debe aprobar esto en el Congreso del Estado de Jalisco, porque la prioridad de nuestro Estado son las niñas y los niños”. El gobernador también pidió a los diputados del Congreso, que la votación de la reforma de infancias trans no sea secreta, como ocurrió con el tema del aborto y el matrimonio igualitario, y que hagan público
a la ciudadanía el sentido de su voto .
