ALFREDO ARNOLD
La permanencia de un gobernador en el cargo para el cual fue electo durante un periodo determinado está protegida por la ley. Sin embargo, existen numerosas causas de remoción. Si se incapacitara mental o físicamente, o si renunciara por razones personales también podría perder el puesto.
La ley federal contempla otras situaciones por las que el gobernador podría ser removido del cargo antes de que termine su encargo constitucional: 1) La Revocación de Mandato, un concepto legal relativamente nuevo, que requiere de una votación formal de los ciudadanos; 2) El juicio político, un procedimiento a cargo del Congreso federal o del Congreso local; 3) El Desafuero, que puede aplicar el Congreso federal, y 4) La desaparición de poderes en la entidad federativa, a cargo del Senado.
El juicio político, el desafuero y la revocación del mandato son procesos legales que requieren la intervención del Congreso federal o del estatal en el proceso de destitución de un gobernador.
O sea que, de acuerdo a la ley, no es tan fácil “despedir” a un mandatario estatal. Sin embargo, en nuestro país, desde que sucedió la destitución del gobernador chihuahuense Óscar Ornelas en 1985 (el mero día del sismo en la capital de la República, por cierto), ha ocurrido la salida anticipada de un gran número de ellos; unos, por decisión presidencial; otros, por reacción de la ciudadanía, y otros más, porque fueron llamados al Gabinete presidencial. En la práctica, la decisión de destituir a un gobernador la ha ejercido normalmente el Presidente de la República, aunque la ley establece mecanismos distintos. La voluntad presidencial es la que se impone.
En Estados Unidos, donde hay 50 entidades federativas, más el distrito de Columbia y cinco territorios, el cargo de gobernador es sumamente respetado y estable, aunque lo desempeñe un opositor del jefe de la nación.
Pero en México no es un cargo tan estable. Desde el mencionado Óscar Ornelas han dejado anticipadamente su cargo en los últimos años unos veinte gobernadores. Algunos fueron a parar al Gabinete presidencial, pero otros no corrieron con tanta suerte. Recordamos a Guillermo Cossío Vidaurri, a quien el Presidente Salinas responsabilizó de las explosiones de 1992, incluso le quitó de la solapa del saco el escudo del PRI delante de millones que ciudadanos que veían la televisión.
Javier Duarte (Veracruz), actualmente encarcelado, solicitó licencia en 2016 y al año siguiente fue detenido en Guatemala. Ángel Aguirre (Guerrero) renunció a causa de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; Fausto Zapata sólo duró una semana al frente de San Luis Potosí y renunció por las denuncias de fraude electoral; Ramón Aguirre ni siquiera tomó posesión del cargo ya que el Congreso de Guanajuato lo acusó de fraude electoral y nombró a Carlos Medina Plascencia. El caso actual del gobernador Rubén Rocha, de Sinaloa, obedece a una solicitud del gobierno de Estados Unidos.
Los Estados de Morelos, Nuevo León, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, San Luis Potosí y Guerrero, son entidades cuyos gobernadores salieron mal con la oposición y fueron obligados a renunciar, pero muchos otros cambios han ocurrido por “reacomodos” políticos en los que el personaje afectado es colocado en el Gabinete presidencial.
El próximo año, 17 Estados elegirán gobernador y los partidos ya están en alerta para aprovechar todo lo que les pueda favorecer. Tan sólo el domingo pasado, Morena organizó una marcha contra la gobernadora panista de Chihuahua Maru Campos. Así seguirá ocurriendo, todos contra todos, con la mira puesta en las elecciones del próximo año.
Aún faltan meses para abrir el proceso electoral, pero la guerra entre los partidos (y dentro de los partidos) ya comenzó. Y si así se han puesto las cosas, imagine usted cómo estarán cuando definan a sus candidatos, cuando inicien las campañas y cuando se anuncien los resultados electorales.
El autor es LAE, Lic. en Administración y periodista de larga experiencia. Es académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
