ABEL CAMPIRANO MARÍN
No lo voy a enfadar con cifras ni estadísticas; simplemente quiero invitar a usted, querido lector, que me distingue con su tiempo en estar leyendo esta columna, a que la lea con atención y reflexione utilizando su sentido común.
El expresidente López Obrador propuso al Congreso Federal que se reformara la Constitución y algunas leyes ordinarias, con el objeto de que ningún funcionario percibiera un sueldo mayor que el que ganaba el presidente, algo así como 108 mil pesos.
Vendió la idea que los ministros de la Corte ganaban más que él y debían reducirse sus sueldos. “No puede haber un pueblo pobre con un gobierno rico”, era una de sus constantes frases y se la compraron los legisladores, dándose a la tarea de preparar una reforma para adecuar los sueldos.
Pero fue más allá; mejor cambiar por completo el Poder Judicial que es el el de la balanza, el que garantiza el equilibrio de los dos restantes, el Legislativo y el Judicial, y fijó como propósitos fundamentales de la reforma, cambiar a todos los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, a los Jueces de Distrito y al Consejo del Poder Judicial para sustituirlo por un Tribunal de Disciplina, y no solo eso, también el Tribunal Electoral, entre otros.
Se pretextó ya no el hecho de los altos sueldos de los funcionarios sino la corrupción y la necesaria cercanía con el pueblo, concepto completamente demagogo. La impartición de justicia no es cuestión de cercanía, sino de imparcialidad y diligencia.
En forma desaseada se logró la mayoría en el Congreso mediante la incorporación a la bancada de Morena a impresentables chapulines partidistas; se eligió a los jueces mediante una tómbola, como si se tratara de una kermesse de pueblo; no paró allí la cosa, se convocó a la elección para el primer domingo de junio sin que la ciudadanía tuviera claro quiénes serían sus candidatos, porque eran cientos los participantes que, previamente, habían sido elegidos por el propio gobierno para que, de entre ellos el pueblo bueno y sabio eligiera.
ELECCIONES
Fue la elección del primer domingo de junio, completamente desairada, porque menos del 10% de la población en Jalisco acudió a emitir su voto y no solo eso, lo peor es que a los votantes acarreados se les entregaron los cartoncitos réplica de las boletas electorales, con los candidatos previamente palomeados para que, finalmente, al votar el gobierno se asegurara que los que el Estado eligió, fueran impuestos a la ciudadanía.
Antes de cualquier recuento de votos, de inmediato se declaró que México tendría el primer presidente de la Suprema Corte en la persona de un indígena mixteco, persona de cuya existencia la mayoría de los votantes ni idea tenía, generando suspicacias sobre la dinámica del proceso electoral y dudas enormes en cuanto a lo que será la impartición futura de la justicia, cuando en lo primero que pensó el Mixteco electo, fue el prohibir que se utilice la toga para que cada Ministro de la Corte se vista como quiera.
Cuando se reúne el órgano electoral a fin de declarar válida la elección, cinco de los integrantes propusieron su anulación por todos los vicios arrastrados desde el inicio, su desarrollo y la culminación con el uso de lo que el imaginario popular les llamó acertadamente “acordeones”, en alusión a aquella ancestral trampa de los estudiantes que en esos papelitos tenían las respuestas del examen.
Sin embargo, la aplanadora oficial desestimó los votos de nulidad, aprobando una farsa, una imposición abierta de funcionarios instrumentada por el gobierno, que no contó ni con la mayoría de las voluntades de los 128 millones de mexicanos, alcanzando menos del 10% los sufragios, y éstos, claramente no solo inducidos sino abiertamente indicados por la plataforma de promoción de votos..
Y aquí es donde está el punto de inflexión para la reflexión de usted, querido lector.
Lo que le he relatado no es mi opinión; son las evidencias que usted puede consultar en todos los medios nacionales e internacionales, incluso en las conclusiones de la OEA, desestimadas por el Gobierno mexicano con su obstinada teoría de la negación. El Estado mexicano está siendo gobernado por una ideología destinada a privarnos paulatinamente de todas nuestras libertades, incluso ésta, la que usted y yo gozamos, yo de escribir y manifestar mis ideas libremente y usted de decidir si coincide conmigo o difiere.
Nos acercamos a la pérdida de nuestras libertades, la de expresión, la de educación, la de adquirir bienes, de enajenarlos, la libertad de opinión y una en la que usted como yo que somos defensores de la fe de nuestros padres, no podemos perder por ningún motivo: la libertad de conciencia, la libertad religiosa. No queremos los mexicanos repetir las desventuras del Callismo ni del Cardenismo; queremos un país libre, democrático, no queremos ser vasallos de un régimen autoritario y dictatorial, y está en nuestras manos. Piense, reflexione y actúe.
PAX TECUM.
Hasta otra vez, si Dios nos lo permite.
