GABRIEL ORIHUELA
Luego de semanas de promoción gubernamental, el pasado 12 de enero se comenzaron a conocer las letras pequeñas de los contratos que los jaliscienses tendrán que aceptar si quieren recibir el subsidio de tres pesos en cada viaje de camión, entre otros servicios públicos. Y con razón los funcionarios no habían hablado de ellas en la extensa campaña que le han hecho a la tarjeta naranja “La Única Al estilo Jalisco”.
A pesar de que el gobernador del estado, Pablo Lemus, y sus funcionarios han insistido en que la tarjeta será gratuita y que representa solo beneficios para los jaliscienses, en realidad, esto es engañoso.
GRATUITA
Cierto, contratar la tarjeta de débito naranja no tendrá un precio directo para usted, aunque hay que considerar que cada uno de los millones de plásticos tendrá un costo de 5.45 pesos mensuales para el presupuesto y que este dinero dejará de dedicarse a la prestación de otros servicios públicos.
Pero, más allá de eso, una vez que usted reciba su tarjeta, mejor que la cuide, pues su reposición tendrá una comisión de 150 pesos más IVA. Además, si usted se queja por el servicio que le dé la empresa Broxel, a la que el gobierno le pagará por administrar estos plásticos, y resulta que no le dan la razón, deberá darles 250 pesos más IVA.
COMISIONES
Una de las ventajas en la que insisten las autoridades es la posibilidad de recibir remesas, pero esto le costará a usted 79 pesos por evento y, si quiere hacer una transferencia bancaria, tendrá que pagar 8 pesos.
Los depósitos a esta tarjeta varían de los 0 pesos hasta los 17. También hay comisiones por pagar servicios como el cable, la telefonía, el agua y el gas.
Para completar el cuadro, tanto el gobierno del estado como Broxel advierten (a quienes tienen la paciencia de leer los extensos textos legales) que las comisiones podrán cambiar sin necesidad de que le avisen.
Pero el gobierno no solo ha olvidado hablar de estos costos ocultos, sino que tampoco ha dicho que la Tarjeta Única no es una de las mejores opciones en el mercado. Los comparativos que ofrece la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dejan claro que, por ejemplo, la comisión por reponer la tarjeta es una de las más altas, pues hay bancos que cobran una tarifa de 25.87 pesos, en vez de los 150 de Broxel. Otras instituciones ni quiera cargan el nuevo plástico al bolsillo de sus clientes.
Otro comparativo muestra que la transferencia por SPEI que Broxel cobra a 8 pesos, en otras instituciones son incluso gratuitas y la mayoría carga apenas 3.50.
El envío de remesas, que Broxel cobra a 79 pesos, también parece caro cuando hay alternativas de 1.26 dólares (22.97 pesos), 2.99 (53.25 pesos) o hasta 3.99 (71.07), todas menores que la de empresa elegida por el gobierno estatal.
Con todo, lo que más llama la atención no es el costo que la tarjeta tendrá para los bolsillos de los jaliscienses, sino algo más intangible, pero mucho más valioso en estos tiempos: los datos de los usuarios.
DATOS PERSONALES
¿Recuerda que el año pasado fue un escándalo el anuncio de la CURP biométrica por parte de las autoridades federales? El temor sobre el uso y resguardo de esos datos tan sensibles llevaron a muchas personas a rechazar esta medida. También, activistas denunciaron que este registro escondía graves amenazas a la privacidad, la seguridad y la no discriminación en el ejercicio de derechos humanos.
Pues la contratación de la tarjeta naranja implica darles nuestros datos biométricos a las autoridades estatales, a la empresa Broxel y a la compañía estadounidense MetaMap.
Datos como nombre completo, teléfonos celular y fijo, correo electrónico, domicilio, CURP, RFC, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, género, edad, tipo de seguro médico, geolocalización (es decir, su ubicación), una identificación, las firmas autógrafa y electrónica y, en algunos casos, una videograbación.
También se les está dando permiso de tratar datos sensibles, en particular, los biométricos: huellas dactilares, rasgos faciales, iris y patrón de voz. O sea, más o menos los mismos que a muchos les da miedo entregarle al gobierno federal.
Claro, hay un montón de compañías que ya tienen sus datos: bancos, laboratorios clínicos, empresas de telefonía y, por supuesto, las redes sociales.
Sin embargo, en este caso, el promotor de que usted entregue esta información es el mismo gobierno que debe velar por el bienestar de sus ciudadanos.
¿Qué opina usted?, ¿lo estará haciendo en este caso?
El autor es académico y periodista especializado en economía.
