MARÍA ELENA MORERA
Es común escuchar el concepto “Estado de derecho” como si fuera una idea lejana, reservada para abogados, jueces o funcionarios. Sin embargo, su significado puede explicarse de manera sencilla: vivir en un Estado de derecho, significa que todos, absolutamente todos, estamos sujetos a la ley.
No importa si se trata de un presidente, un gobernador, un empresario, un policía, un juez o un ciudadano común. La ley debe aplicarse por igual, sin privilegios, excepciones ni arbitrariedades; sin depender del poder, el dinero o las influencias.
Ese principio es la base de cualquier democracia. Significa que las autoridades no pueden hacer lo que quieran; que los ciudadanos tenemos derechos, pero también obligaciones; que los jueces deben resolver conforme a la ley; que los gobiernos deben rendir cuentas; que nadie puede ser castigado sin un proceso justo.
UN ESTADO DE DERACHO
Dicho así, parece evidente. ¿Quién podría estar en contra de vivir en un país donde la ley se aplique de manera pareja? El problema es que en México hemos aprendido a exigir el Estado de derecho hacia arriba, pero muchas veces lo despreciamos hacia abajo.
Nos indignamos, con razón, cuando un gobernante viola la Constitución, cuando una autoridad usa las instituciones para perseguir adversarios o proteger aliados, cuando un funcionario se burla de las leyes que debería cumplir. Todos los gobiernos han tenido embates con el marco legal, pero las dos últimas administraciones han violado abiertamente la Constitución, las leyes y los reglamentos.
Sin embargo, sería demasiado cómodo pensar que la ausencia de Estado de derecho es responsabilidad exclusiva de los gobernantes. Los ciudadanos también hemos contribuido a construir un país donde la ley se negocia, se evade o se rompe sin demasiada culpa.
Lo vemos todos los días. En quien se estaciona en doble fila “solo cinco minutos”; en quien se pasa el alto porque “no viene nadie”; en quien invade una banqueta, tira basura en la calle o se cuela en una fila. En quien ofrece una mordida para evitar una multa y luego se queja de la corrupción.
También lo vemos en prácticas más profundas: quien construye sin permiso porque “todos lo hacen”; evade impuestos porque “el gobierno roba más”; compra mercancía robada porque “sale más barata”; o justifica al conocido que consiguió una plaza, un contrato o un trámite por palancas.
Cada acto parece pequeño. Pero juntos forman una cultura donde la ley deja de ser una regla común y se convierte en un obstáculo que cada quien intenta brincar.
UN ESTADO DE DERCHO EROSIONADO
El Estado de derecho no se destruye solo con grandes abusos de poder. También se erosiona cuando millones aceptamos que las reglas se cumplen solo cuando convienen; cuando enseñamos a los niños que “hay que ser vivos”; cuando celebramos al que se salió con la suya; cuando confundimos inteligencia con trampa y éxito con impunidad.
Por eso reconstruirlo exige mucho más que discursos, reformas legales o nuevas instituciones. Exige una transformación ciudadana profunda. Necesitamos gobiernos que respeten la ley, jueces independientes, policías profesionales y fiscalías que investiguen. Pero también ciudadanos dispuestos a entender que la legalidad empieza en la vida diaria.
Porque un país no puede exigir justicia mientras normaliza la trampa. No puede pedir instituciones honestas mientras tolera la corrupción cotidiana. No puede reclamar seguridad mientras admira a quienes violan la ley.
El Estado de derecho no es una abstracción. Es la posibilidad de vivir sin miedo a la arbitrariedad, sin depender de influencias, sin sentir que la ley solo castiga a los débiles. Es la promesa de que todos valemos lo mismo frente a las reglas comunes.
Y esa promesa no la construye solo el gobierno. También la construimos, o la destruimos, los ciudadanos todos los días.
