Con sólo 108 años de vigencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido modificada en casi 900 ocasiones. ¿Eso es mucho o poco? A la Constitución de los Estados Unidos, que tiene 236 años vigente, más del doble que la nuestra se le han hecho únicamente 27 enmiendas.

La respuesta es clara, y eso que se trata de un país mucho más grande, con casi el triple de habitantes que México; han intervenido en dos guerras mundiales; sus ciudades han crecido exponencialmente, y su evolución tecnológica no tiene quién la iguale en el resto del mundo.

Otro caso: La ley superior de los católicos, de todos los cristianos y del pueblo elegido desde hace unos 3,500 años, los Diez Mandamientos, permanecen vigentes e inalterables. De hecho, sin desecharlos, la Iglesia admite que puedan resumirse en sólo dos: “Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo”.

Todo lo contrario, ocurre con nuestras leyes civiles. El gobernante en turno, y por supuesto los órganos legislativos que deberían esmerarse por resguardarlas, se solazan creando constantemente nuevas normas constitucionales, así como leyes y reglamentos sectoriales.

¿Y qué con los individuos? ¿Estamos los ciudadanos obligados a respetar todas las leyes, por novedosas o absurdas que estas sean?

Pues sí, todos tenemos obligación de respetar las leyes vigentes, aunque las modifiquen diariamente y no las conozcamos. Dice un principio de Derecho: “Contra la observancia de la ley no se puede argumentar desuso, ignorancia ni práctica en contrario”.

La legislación mexicana es sumamente diversa y confusa; estoy seguro de que, si examinaran a los legisladores sobre el contenido de las leyes vigentes y las que ellos mismo proponen, muy pocos saldrían aprobados. Y ya ni hablar de los tratados internacionales que ha firmado nuestro país y que por lo tanto está obligado a respetarlos. De hecho, el primer párrafo del Artículo 1o. constitucional establece la obligatoriedad de respetar los tratados internacionales de los que México forme parte.

Recientemente se llevó a cabo un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en el que realizaron 16 reformas legales en temas de seguridad, inteligencia, lavado de dinero, telecomunicaciones y radiodifusión, entre otras. En esta última se legisló sobre el “derecho de las audiencias”

La reacción popular ha sido terriblemente desorientadora: quienes la aprobaron destacan sus beneficios y ventajas, pero quienes votaron en contra o no aceptan los cambios y señalan sus defectos y peligros.

El país se divide políticamente cada vez más y está dejando fuera las acciones concretas para el bienestar, las obras, hospitales, inversiones, acuerdos internacionales, etcétera.

No podemos vivir eternamente enfrascados en la lucha política. Es momento de realizar un acuerdo nacional que se olvide por un instante de la política (al fin que no hay elecciones todavía) y se concentre en la seguridad y el crecimiento. ¿Se podrá?

LAE, diplomado en Filosofía y periodista. Académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara.