Los países en vías de desarrollo habían acumulado, ya en la década de los ochentas, una deuda externa imposible de pagar. Los intereses de esta deuda alcanzaban cifras exorbitantes del gasto de los gobiernos, dejando programas sociales, como alimentación, salud, vivienda y educación sin un suficiente presupuesto. Además, el grosor del Estado absorbía grandes porcentajes del presupuesto de egresos, y la corrupción generalizada no permitía una recaudación ordenada y justa. Por estas razones en 1982 algunos países, México entre ellos, amenazaron que no estaban dispuestos a seguir pagando los intereses de sus deudas. Por temor a que esto se generalizara y que las repercusiones pudieran hundir el sistema financiero internacional, las instituciones económicas internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los países desarrollados acreedores, vieron la necesidad de negociar la deuda, imponiendo el modelo neoliberal a través de sus programas de reajuste económico, llamados “Programas para ajustes estructurales”, a fin de paliar la acelerada inflación de estas naciones.
El modelo neoliberal está inspirado en el pensamiento económico de Milton Friedman y de las escuelas de Chicago y Stanford. El liberalismo tradicional había sido frenado por el “Estado de bienestar” y por la creación de organizaciones sociales; según el pensamiento de Keynes las crisis se evitarían estimulando la demanda de bienes y servicios, al aumentar salarios, mejorar las prestaciones sociales y la creación de obras públicas. Pero esto provocó un alza constante en los precios y un déficit en el presupuesto, por ello la teoría neoliberal ve en el keynesianismo un peligro por el alto índice de inflación y por la dependencia al Estado, que limita el crecimiento.

Así, se concibió este modelo neoliberal como un instrumento antiinflacionario capaz de resolver las crisis socioeconómicas y de regular el crecimiento económico, a través del control y manejo de la oferta monetaria y del crédito bancario en manos de la iniciativa privada, el adelgazamiento del “Estado de bienestar” y, por consiguiente, el fin de subsidios, la liberación de los precios, el mercado libre, la devaluación del tipo de cambio y el tope salarial.
Para que la economía de cualquier país se desarrolle con acelerado dinamismo se veía necesaria la estabilidad monetaria y mantener a raya la inflación, reduciendo al máximo el gasto improductivo, o sea, el gasto social. El “Estado de bienestar” había creado, a lo largo de más de cien años de luchas sociales, protección social a los más débiles: el seguro médico, sindicatos, derechos laborales, protección arancelaria, salario mínimo, banca popular, obras de asistencia y subsidios. Los servicios deberían, ahora, pasar a manos de particulares y cada individuo comprarlo al mejor postor; es decir, los servicios antes prestados por el Estado pasan a ser parte del mercado.
El mal remedio neoliberal se ha agudizado con los programas sociales que reparten dinero, dejando en el olvido el “Estado de bienestar” (escuelas, hospitales, infraestructura, seguridad), a pesar de que quien gobierna se dice de izquierdas. Repartir dinero parece más una estrategia política que el proyecto eficaz de prosperidad.